La nueva institucionalidad que apunta a fortalecer el diálogo social en La Araucanía

El gobierno sigue ideando formas para hacer frente a la violencia que se vive en la región de La Araucanía, un problema que a estas alturas parece sin solución.

Múltiples intentos políticos para llegar a un "acuerdo de paz social" en la zona han fracasado por diversas pugnas, muchas de estas producidas al interior de la propia Nueva Mayoría. Parte de estas diferencias se basan, por ejemplo, en la entrega de tierras a las comunidades mapuches, en donde el propio subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ha planteado que se debe diferenciar entre las comunidades pacíficas y violentas.

Todo lo anterior, sumado a que el 30% de la población indígena total del país vive en esa zona, hace que los diálogos entre las comunidades y el Estado resulten más complejos debido a la dispersión que existe.

Desde el gobierno no han querido trazar metas para terminar con los hechos conflictivos, pese a que en los últimos meses existió una disminución de los delitos llamados terroristas, según datos que la misma Multigremial de La Araucanía ha reconocido.

Sin embargo, el problema va más allá de la seguridad, pues La Moneda persistentemente ha estado en la búsqueda de una solución más integral. Tarea en la cual fracasó el ex intendente de la zona, Francisco Huenchumilla, pues nunca fue capaz de materializar las ideas con las que arribó a la Intendencia, asunto que finalmente le terminó costando el cargo, según comenta un parlamentario.

Pero la tarea no ceja. En Palacio trabajan hace algunos meses de forma conjunta la subsecretaría de Interior y el ministerio de Desarrollo Social en identificar una nueva estrategia para enfrentar la problemática.

Justamente el ministro de la citada cartera, Marcos Barraza, expuso el pasado lunes en el comité político los alcances del proyecto de ley que se enviará en las próximas semanas al Congreso, el cual creará el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas.

En conversación con DF, el personero explica que en esa reunión se les expuso a los presidentes de partidos de la Nueva Mayoría la importancia en materia de política indígena de los derechos sociales, económicos y culturales.

Barraza comenta que esta nueva institucionalidad pretende aportar en el diálogo social: "En la medida que nos dotamos de una nueva institucionalidad, donde tenemos un ministerio que es capaz de articular una política intersectorial donde el problema de las tierras esté presente, pero también lo estén sus demás derechos y, a la vez, nos dotamos de un consejo de pueblos indígenas, que sea representativo de los nueve pueblos, estamos apresurando una institucionalidad distinta que posibilite un diálogo entre los pueblos y el Estado que permita avanzar de mejor forma en estos derechos".

El senador por la zona, Jaime Quintana (PPD), señala que uno de los temas centrales "es la entrega de tierras y que esta es la solución para mucha gente que siente que se los han quitado". Además, enfatiza que "la agenda de gobierno lo que busca es la ampliación de mayores derechos políticos, una institucionalidad nueva y desde luego hacerse cargo de los cumplimientos de los compromisos que hay en materia de tierra, una cosa distinta es lo de seguridad y esa va por otro carril".

En la línea, Aleuy y Barraza han sostenido una serie de reuniones para encontrar un nuevo diseño que impulse un mayor diálogo y que eso vaya de la mano de mejoras en la situación de seguridad. A su trabajo se ha sumado también el intendente de La Araucanía Andrés Jouannet.

Todo esto podría llegar a tomar más forma con la creación de esta nueva institucionalidad que pronto dará a conocer la presidenta Bachelet. Al menos en eso confían en La Moneda.

Así también, la provincia de Arauco en la Región del Biobío es tomada en cuenta por el gobierno como un modelo de diálogo social que se podría replicar en La Araucanía, aunque la situación de esta última zona es más compleja por la diversidad de comunidades que existen y sus disímiles intereses.